Inmobiliaria, toma nota: el alquiler también deberá cumplir con los controles antiblanqueo

Artículo escrito por Daniel Monrió Grosso, Director de Operaciones de CompliOfficer

En estos últimos tiempos, tanto el alquiler como la compraventa de inmuebles están en la primera línea de los diferentes medios de comunicación por temas diversos como pueden ser los precios, el uso para el sector turístico, desahucios, hipotecas…

Hace algunos años (concretamente en 2010), con la mayoría de estos temas ya en el punto de mira, se hizo también foco en el cambio en la Legislación para la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo o PBC-FT (Ley 10/2010), que obligaba al sector de la intermediación inmobiliaria a revisar sus procesos para adecuarse a la nueva Legislación vigente que, con bastante retraso, intentaba adecuar a ciertos sectores de actividad las Directivas Europeas.

El motivo estaba claro: las operaciones inmobiliarias, sobre todo en nuestro país, se habían convertido en uno de los principales medios para blanquear los beneficios obtenidos de las mafias organizadas, el narcotráfico, la corrupción política o el fraude fiscal (este último, dentro y fuera de la propia operación inmobiliaria).

Sin entrar en detalle, el mayor impacto que sufrieron tanto los profesionales de la intermediación inmobiliaria (APIS, promotoras, asesores, entidades financieras, notarios, entre otros), como los compradores finales que usaban sus servicios fue la obligación de identificación.

La Ley requiere obtener y conservar no solo toda la documentación e información necesaria para validar la identidad de los intervinientes en la compraventa sino, además, solicita validar el origen del dinero que se quiere utilizar para realizar esta compra, con toda la sensación de invasión en la vida privada que puede aparejar, al tener que aportar, por ejemplo, información detallada sobre ingresos, tanto de la activad laboral, como del patrimonio.

Con todo, en esta transformación forzada por el requerimiento legal, ha habido una parte que, si no ha quedado olvidada, sí ha sido impactada muy de lejos: las operaciones de alquiler. Estrictamente hablando, con la Legislación en la mano, las operaciones de alquiler quedaban fuera del espectro de aplicación directa de la misma, sobre todo en aquellos profesionales que no realizaban ninguna operación de compraventa.

Pero esta reflexión podía tener dos claros matices en aquellos donde se implantaba un sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para el negocio de compraventa.

Por un lado, si uno de los requerimientos legales es definir el riesgo de blanqueo de un negocio global para aplicar medidas de prevención adecuadas a cada línea estratégica, el empresario puede decidir que su actividad de alquiler tiene un riesgo residual o nulo, pero ¿puede estar tranquilo a la hora de no poner en marcha ninguna medida, por mínima que sea, para estas operaciones?

Si incluimos el impacto reputacional, si para las operaciones de compraventa tengo que detectar posibles terroristas al validar la identidad del interviniente (lo que se conoce como proceso de Screening), ¿resulta realmente indiferente no realizar esta validación mínima en el alquiler, por ejemplo, de una oficina o un piso de lujo?, ¿qué pasaría si, casualmente (y yéndonos a un ejemplo de máximos), este inquilino sí está en una lista de terroristas de las que el empresario sí está usando para operaciones de compraventa? Recordemos que por ejemplo esta tarea, la de chequear compras y alquileres, normalmente es realizada por el mismo personal.

Por otro lado, el SEPBLAC ya nos presentó en un conjunto de recomendaciones el principio de universalidad. Esto significa que una entidad o profesional que está sujeta en una línea de negocio a la Ley de PBC-FT debe ampliar tanto el análisis de riesgo como la observancia de ciertas medidas a todos los otros clientes y líneas de negocio (es decir, tenerlos en cuenta y poner unos mínimos razonables).

Dejando estas dos cuestiones al margen, y para eliminar parte de la incertidumbre de esta indefinición, finalmente se conoció hace unos meses que, debido a la trasposición de la V Directiva Europea en esta materia, ante esta dicotomía extraña que hemos reflejado arriba, posiblemente las operaciones de alquiler de más de 10.000 euros al mes sí queden sujetas de pleno a la nueva Ley de Prevención de Lucha contra el Fraude Fiscal, que ya tiene su anteproyecto presentado y que en breve entrará en vigor.

¿Impactos? En la práctica, el impacto debería ser mínimo para aquellos profesionales que ya tengan que realizar el proceso de identificación en compraventas, principalmente porque la información de identidad y de ingresos se recopila ya en su mayoría para poder realizar el análisis de riesgo de crédito (morosidad) y para la firma del contrato de alquiler.

Quedará esto de nuevo en manos del análisis de riesgo de cada compañía, (recordemos no solo legal, sino también reputacional) ahora ya con un requerimiento específico para la operativa de alquiler que indica poner en marcha también un conjunto de medidas, aunque sean mínimas, en todas aquellas operaciones que estén por debajo de estos umbrales, sobre todo en la parte relacionada con la financiación del terrorismo.  Ver noticia...

 

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